Porque lo que no se ve, no se puede controlar. Y lo que no se controla, deja de ser democrático.
SOLO BAJO LICENCIA: CC BY-NC-ND (licencia CC BY-NC-ND, permite el uso libre, pero sin fines comerciales, sin cambios, y siempre citando al autor. Alejandro Espada Gerlach, abogado)
«Cuando decide un algoritmo y nadie responde: el caso BOSCO y el futuro del Estado de Derecho en España y en Europa, sino en el resto del Mundo»
¿En qué consiste el caso Bosco?
BOSCO es una herramienta informática automatizada desarrollada por la administración, cuyo código calcula, sin intervención humana, si un ciudadano tiene derecho al bono social eléctrico. La resolución que emite tiene efectos directos en el acceso a un derecho social básico.
Imagina que pides ayuda para pagar la luz porque tu familia no tiene mucho dinero. Para darte esa ayuda, el Gobierno usa un programa de ordenador que se llama BOSCO.
Ese programa mira tus datos (cuánto gana tu familia, cuántas personas vivís en casa, etc.) y decide si te corresponde la ayuda o no. Lo hace solo, sin que una persona lo revise.
El caso BOSCO consiste en una demanda por falta de transparencia administrativa promovida por la Fundación Civio, centrada en la negativa del Gobierno español a facilitar el código fuente de un sistema automatizado llamado BOSCO, utilizado para decidir sobre la concesión del bono social eléctrico (un descuento en la factura de la luz para consumidores vulnerables).
Los argumentos de la Fundación Civio en contra del Estado Español_
¿Qué pide la Fundación Civio?
Civio exige acceso al código fuente del sistema, como parte del derecho de acceso a la información pública y en defensa de la transparencia algorítmica. Argumenta que sin este acceso, no es posible verificar si BOSCO opera conforme a derecho, si contiene errores o si produce discriminaciones o arbitrariedades.
El problema es que nadie puede ver cómo piensa BOSCO.
Es como si metieras tus datos en una caja cerrada, y la caja dice “sí” o “no”, pero no sabes por qué. Ni tú, ni los jueces, ni los expertos.
Por eso algunas personas (como Fundación Civio y su abogado, don Javier De La Cueva) están pidiendo ante el Tribunal Supremo que el Gobierno enseñe cómo funciona BOSCO por dentro, para asegurarse de que no comete errores, y de que las decisiones sean justas y claras para todos.
Los argumentos del Abogado del Estado para no dejar que se vea cómo funciona BOSCO:
- «Es peligroso enseñar cómo funciona»
Dijo que si se muestra el código de BOSCO, los hackers podrían aprovecharlo para atacar el sistema. Lo comparó con dar los planos de seguridad de un edificio público.
👉 Parece exagerado, porque el propio Gobierno dice que BOSCO es un programa muy sencillo. ¿Entonces por qué tanto secreto?
- «El código tiene derechos de autor»
Afirmó que el código está protegido como si fuera una canción o una película, y por eso no se puede enseñar al público.
👉 Pero muchos documentos del Gobierno también tienen derechos y sí se pueden ver. Además, cuando algo afecta a los ciudadanos, debería poder revisarse.
- «BOSCO no decide nada»
Dijo que BOSCO no toma decisiones, solo hace un cálculo técnico. Como si fuera una calculadora.
👉 Sin embargo, la realidad es que BOSCO decide automáticamente si una persona puede o no recibir ayuda. No hay una persona que revise su decisión. Así que sí decide.
- «No hace falta abrir el código para mejorarlo»
Aseguró que mostrar el código no serviría para nada, que no se necesita para arreglar ni mejorar nada.
👉 Eso no es verdad. Muchos programas funcionan mejor gracias a que otras personas revisan su código. Como Linux, que lo usa medio mundo.
- «Podría afectar a la privacidad»
Insinuó que si se muestra cómo funciona BOSCO, se podrían filtrar datos personales de la gente.
👉 Pero nadie está pidiendo los datos. Solo quieren ver el código, que es como ver el manual de instrucciones, no los nombres ni la información privada.
Resumen:
El abogado del Gobierno usó excusas como el peligro, el copyright, la privacidad o que el programa es simple, para no enseñar cómo funciona BOSCO. Pero muchas de esas razones no se sostienen, porque BOSCO sí toma decisiones importantes, y sin ver su funcionamiento, nadie puede saber si lo hace bien o mal.
Claves del caso:
- ¿Qué importancia tiene el caso?
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso y celebró vista oral en 07 de julio de 2025. Lo que está en juego no es solo el acceso al código de BOSCO, sino si la ciudadanía y los jueces pueden fiscalizar sistemas automatizados de decisión administrativa. Es un caso con gran potencial de crear jurisprudencia sobre:- Transparencia algorítmica
- Derechos digitales
- Control judicial de sistemas automatizados públicos
- Antecedentes y recorrido
Civio ha peleado el caso durante siete años, con recursos administrativos y judiciales. La Agencia Española de Protección de Datos ya reconoció que BOSCO toma decisiones sin intervención humana, lo que refuerza la tesis de que no es una mera herramienta auxiliar.
En resumen:
El caso BOSCO plantea si el Estado puede usar algoritmos para tomar decisiones que afectan a derechos ciudadanos sin permitir que se conozca cómo funcionan. La resolución del Supremo puede sentar precedente para exigir transparencia en muchos otros sistemas similares (como LEXNET o MINERVA).
¿Qué es LEXNET?
LEXNET es un sistema electrónico de comunicaciones seguras entre órganos judiciales y profesionales del derecho (abogados, procuradores, graduados sociales, etc.) en España.
Finalidad principal:
Permite el intercambio telemático de notificaciones, escritos y documentos entre los Juzgados y Tribunales y los operadores jurídicos, reemplazando al papel en la mayor parte de los procedimientos judiciales.
Características esenciales:
- Plataforma cerrada y cifrada
Solo accesible para usuarios autorizados. Se accede mediante certificado digital, garantizando la identidad del remitente y del receptor. - Notificaciones con efectos legales
La recepción de notificaciones por LEXNET produce efectos jurídicos vinculantes (como el cómputo de plazos procesales), aunque el profesional no las haya leído si han transcurrido los tres días legales - Obligatoriedad
Desde 2016, el uso de LEXNET es obligatorio para los profesionales del derecho y para los órganos judiciales, salvo contadas excepciones (personas físicas no representadas, por ejemplo). - Gestión por el Ministerio de Justicia
Aunque algunas Comunidades Autónomas con competencias en Justicia usan versiones propias o adaptadas (p. ej., Avantius, JustiziaSip, etc.), el sistema central lo gestiona el Ministerio.
Críticas y controversias:
- Problemas de seguridad (2017): hubo un fallo que permitía el acceso a expedientes de otros usuarios sin autorización.
- Falta de interoperabilidad entre comunidades autónomas.
- Opacidad técnica: no se ha facilitado el código fuente de LEXNET, por lo que no es posible auditar externamente su funcionamiento ni garantizar su fiabilidad o imparcialidad.
- Falta de usabilidad y errores técnicos frecuentes.
Relación con el caso BOSCO:
LEXNET es un ejemplo claro de sistema público informatizado cuyo código fuente no es público, lo que plantea los mismos problemas de transparencia y control democrático que BOSCO.
Por eso, una eventual sentencia favorable a la transparencia en BOSCO podría abrir la puerta a exigir la publicación del código fuente de LEXNET
¿Qué es MINERVA?
MINERVA es un sistema informático utilizado en el ámbito de la Administración de Justicia en España, diseñado para la gestión procesal de los órganos judiciales.
Función principal:
Permite a los funcionarios judiciales y letrados de la Administración de Justicia tramitar, registrar, gestionar y controlar todos los actos procesales de un procedimiento judicial, desde su inicio hasta su archivo.
Características principales:
- Sistema de gestión procesal
MINERVA organiza la tramitación de procedimientos judiciales en materias civil, penal, contencioso-administrativa y social, mediante la digitalización del expediente judicial. - Interconexión con LEXNET
MINERVA está integrado con LEXNET, de forma que las resoluciones y notificaciones procesales pueden generarse en MINERVA y enviarse automáticamente a través de LEXNET a los profesionales del Derecho. - Interoperabilidad parcial
Es utilizado en muchas Comunidades Autónomas sin competencias transferidas en Justicia (como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia o Extremadura).
Otras Comunidades con competencias tienen sus propios sistemas (ej. AVANTIUS en el País Vasco y Navarra). - Automatización de tareas
Incluye funciones que automatizan ciertos actos procesales, como generación de resoluciones estandarizadas, cómputo de plazos, listados y seguimiento de causas.
Críticas y cuestiones relevantes:
- Falta de transparencia: al igual que BOSCO o LEXNET, MINERVA es un sistema informático público cuyo código fuente no es accesible para la ciudadanía ni auditable externamente.
- Riesgo de errores masivos: si contiene fallos de diseño, puede arrastrarlos en miles de procedimientos judiciales.
- Dependencia tecnológica sin control externo: el funcionamiento y decisiones que se apoyan en MINERVA quedan fuera del escrutinio ciudadano y judicial si no se permite revisar su código o lógica operativa.
Relación con el caso BOSCO:
El abogado del Estado, en el caso BOSCO, admitió que si se accede al código fuente de BOSCO, podría abrirse la puerta a reclamar acceso también a sistemas como MINERVA.
Esto revela que el alcance de la sentencia puede afectar a todo el ecosistema digital de la Justicia española, donde MINERVA ocupa un lugar central como pieza clave de la tramitación judicial automatizada.
En resumen:
MINERVA es el motor oculto de la Justicia electrónica española. Su opacidad actual plantea los mismos desafíos de transparencia, control democrático y fiabilidad que otros algoritmos públicos como BOSCO.
Transparencia del código fuente en sistemas automatizados: una exigencia democrática. A propósito del caso BOSCO:
En un Estado de Derecho, el ejercicio del poder público debe someterse siempre al principio de legalidad y a la exigencia de control. Este control no puede entenderse cumplido si se acepta que las decisiones administrativas automatizadas queden protegidas tras un velo de opacidad técnica.
El reciente caso BOSCO ante el Tribunal Supremo pone en el centro del debate jurídico y democrático una cuestión capital: la necesidad de transparencia del código fuente de los sistemas automatizados, ya sean estadísticos o algorítmicos.
1. Distinción necesaria: sistema estadístico vs. sistema algorítmico
Los sistemas estadísticos se basan en fórmulas fijas que extraen información de datos siguiendo modelos predefinidos. Funcionan como reglas mecánicas o tablas de cálculo. Su estructura es sencilla, determinista, y puede asimilarse a la lógica de una hoja de Excel avanzada.
Los sistemas algorítmicos, en cambio, introducen elementos de decisión más complejos. Pueden incluir criterios condicionales, árboles de decisión o incluso técnicas de aprendizaje automático. Son estructuras dinámicas, que a menudo escapan al entendimiento común sin un análisis técnico detallado. Precisamente por ello, su control exige acceso a su código.
Ambos tipos de sistemas, en cuanto utilizados por la Administración para resolver o afectar derechos, deben ser fiscalizables. La transparencia del código fuente no es una opción: es una garantía esencial.
2. El caso BOSCO: cuando la tecnología sustituye a la Administración
BOSCO no es un algoritmo menor. Es el sistema automatizado que resuelve la concesión o denegación del bono social eléctrico, con efectos directos sobre miles de ciudadanos. La afirmación de que “no decide BOSCO, sino la Administración” resulta falaz cuando se constata que no hay intervención humana en el proceso decisorio. BOSCO resuelve. BOSCO ejecuta.
La negación del acceso al código fuente de BOSCO priva al justiciable del derecho a comprender cómo se ha tomado una decisión que le afecta. Impide al juez controlar el fondo del acto administrativo. Y bloquea, en la práctica, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Si no se puede ver el mecanismo de decisión, no se puede impugnar con fundamento. Estamos ante una caja negra administrativa, incompatible con los artículos 24 y 103 de la Constitución Española.
3. Objeciones infundadas: seguridad, propiedad intelectual y complejidad técnica
La Abogacía del Estado ha invocado razones de seguridad nacional para justificar la opacidad. El argumento resulta desproporcionado. Ver el código no implica acceso a los datos. Es como leer el manual de una máquina, no observar su funcionamiento en tiempo real con datos reales.
En segundo lugar, la supuesta protección por propiedad intelectual no puede prevalecer sobre el principio de transparencia. El software público, financiado con fondos públicos y utilizado para decisiones públicas, debe estar sujeto a control público. La propiedad intelectual no es un escudo absoluto, y menos aún frente a derechos fundamentales.
Finalmente, la complejidad técnica nunca puede justificar la oscuridad legal. Justamente por su sofisticación, los sistemas automatizados deben ser más transparentes, no menos. La ciudadanía y los jueces tienen derecho a saber cómo operan las herramientas que sustituyen a la voluntad administrativa.
4. Un precedente ineludible
Si el Tribunal Supremo acepta la apertura del código fuente de BOSCO, marcará un hito jurisprudencial en la defensa de los derechos fundamentales frente a la automatización. No se trata de una causa ideológica, ni tecnológica, sino constitucional: el poder, para ser legítimo, debe poder ser controlado. Y ello es imposible sin conocer los medios que lo ejecutan.
La transparencia del código fuente no debilita al Estado: lo fortalece. Permite mejorar los sistemas, detectar errores, garantizar la igualdad ante la ley y asegurar el cumplimiento de la legalidad administrativa.
En tiempos en que las decisiones públicas se automatizan crecientemente, esta transparencia es más necesaria que nunca. No basta con saber el resultado: hay que poder examinar el mecanismo.
Conclusión
El caso BOSCO no es un litigio sobre software: es una batalla sobre el modelo de democracia que queremos. Una democracia vigilada por el ciudadano o una administrada por algoritmos invisibles. La transparencia del código fuente en los sistemas estadísticos y algorítmicos de la Administración no es una concesión: es una obligación jurídica y un mandato ético.
Porque lo que no se ve, no se puede controlar. Y lo que no se controla, deja de ser democrático.
08/07/2025
por Alejandro Espada Gerlach,
abogado, Master en IA y Derecho por el Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona.
Icab 11088.
a.espada@espadagerlach.com
SOLO BAJO LICENCIA: CC BY-NC-ND (licencia CC BY-NC-ND permite uso libre, pero sin fines comerciales, sin cambios, y siempre citando al autor.)
